Delincuencia ambiental

Querétaro Qro. 06 de agosto de 2020

Una vieja figura tipificada ya como delito, vuelve a tomar actualidad en el Estado de Querétaro, por su crecimiento, por la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios y por el abuso que estos suelen hacer de las necesidades de los dueños de la tierra, muchos de ellos o casi todos, ejidatarios y que habían mantenido sus propiedades como Zona Natural Protegida, en decretos presidenciales que vienen de muchos años atrás.

Pues ya se les va a acabar a muchos el “negocito”.

Y es que justamente ayer, los diputados Agustín Dorantes Lámbarri, del Partido Acción Nacional y Jorge Herrera Martínez, del Partido Verde, presentaron dos iniciativas de ley en la LIX legislatura para detener y sancionar con mayor fuerza, la llamada “Delincuencia Ambiental”.

Una de ellas – fíjese usted muy bien – tratará de evitar que los desarrolladores oferten propiedades dentro de Áreas Naturales Protegidas –ANP – y que de estas tenemos aquí todavía muchas hectáreas, pero muchas hectáreas y que también están bajo acoso de los “todopoderosos” desarrollos inmobiliarios.

Y así, a vuelo de pájaro, le menciono dos que están en ese trance de voracidad y manejos presuntamente fraudulentos a ejidatarios.

Uno de ellos y el más grande con 485 hectáreas, se hace denominar “Tierra Noble Juriquilla”, cuyo desarrollo y comercialización lo ofrece la empresa “Carther” y sigue pie en la parte conocida como “Zona Occidente de Microcuencas del Municipio de Querétaro” y que hasta montada tienen ya una oficina en la parte más importante de un conocido centro Comercial – Plaza del Parque – sin que nadie, absolutamente nadie, los moleste. Ni el municipio – pesar de que hay una declaración de Zona Sujeta a Conservación Ecológica por parte del municipio de fecha del 23 de septiembre de 2005; ni el Estado, SEDATU, instancia que a través de su titular Marco Del Prete, aseguró el pasado 6 de marzo que “no hay permiso ambiental para la construcción de un desarrollo inmobiliario; ni – y mucho menos – instancias federales, SEMARNAT entre otras, que tienen que ver con mantener estos decretos, hagan algo para detener este presunto fraude.

Y ahí siguen.

Y otra.

Se trata de un nuevo desarrollo inmobiliario conocido como “Porto Blanco Cimatario”, también macro por ahí son algo así como 290 hectáreas, que según el decir de mis informantes, “no cuenta con los permisos de venta para el desarrollo, pero lo más grave, que tampoco tiene el cambio de uso de suelo expedido que por el gobierno municipal de Huimilpan”.

Este último desarrollo es promovido por la empresa denominada comercialmente “Grupo CCIMA” y es propiedad de una empresa que se llama “Naves y Terrenos CCIM, S.A, de C.V. con registro número 34824 de fecha del 22 de noviembre del 2019 y fe notarial en esta capital.

Estas – y así a vuelo de pájaro – son dos historias vivas, recientes. De ambas estaremos abundando próximamente.

Pero en lo que estábamos.

Una de estas iniciativas ayer presentadas, trata de evitar que desarrolladores – como los dos casos citados arriba – oferten propiedades dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) – ponerles un alto pues, pero ahora con la ley en la mano, modificada. Así, la otra va más allá, porque se creará un Registro Estatal de Infracciones y Delitos Ambientales.

Apárenle, señores.

Y las palabras del diputado Agustín Dorantes si son de abierto compromiso: “En Querétaro estamos comprometidos con la defensa del medio ambiente, porque sabemos que solamente respetando a la naturaleza aseguraremos un futuro para las generaciones venideras. También sabemos que existe una apremiante necesidad de las familias queretanas de encontrar mejores condiciones de vida, por eso es necesario conciliar el impulso por el progreso económico con el social, con el mantenimiento del medio ambiente”.

Las iniciativas proponen la creación de un tipo de fraude agravado, que podría disuadir la comisión de estas acciones, incrementando las penas que establece el artículo 193 del Código penal, en una tercera parte.

Y vienen verdaderamente duras, tanto en años de presión porque pueden ir desde los 13 años y llegar hasta los 20, pero a la par, elevando considerablemente además las multas.

Creo que no deberá pasar mucho para que estas iniciativas se conviertan en ley y dudo que algún grupo o fracción legislativa, les niegue su voto.

Entonces y con estas iniciativas, vamos a ver si los diputados Agustín Dorantes y Jorge Herrera, así como roncan, duermen.

Y la Fiscalía General del Estado, desde luego.