Tras la verdad: ¿por qué persigue AMLO al presidente de TEPJF?.

Querétaro Qro., 21 de julio de 2021

Después del escándalo mediático promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera, por medio del activista y protagónico de Santiago Nieto Castillo, debido a la denuncia presentada en contra del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, resulta que la denuncia se desmadejó. 

La fiscalía General de la República decidió no ejercitar la acción penal en contra del presidente magistrado. Obvio, por no estar probado ni el delito, mucho menos la presunta responsabilidad penal de José Luis Vargas. No tuvo que llegar al juzgado para negar la orden de aprehensión, la misma Fiscalía dio palo a Santiago Nieto. 

Si no prosperó la denuncia, significa que no había suficientes pruebas para iniciar proceso penal en contra del magistrado, por lo tanto, la carpeta de investigación estuvo mal elementada. Ambos funcionarios se han enfrascado en una lucha de poder desde el inicio del gobierno de AMLO, constantemente se disputan la titularidad de las querencias y las preferencias del presidente de la República. En el fondo ambos servidores públicos han probado su incapacidad para el eficiente desempeño de la función que les corresponde. Se inclinan más por la política que por el buen desempeño de su responsabilidad. Les gana el protagonismo. 

Alejandro Gertz Manero exhibe a Santiago Nieto Castillo, ambos Doctores de academia, nunca probados en el arte de la abogacía en el litigio de juzgados. Supongo ahí deviene la incapacidad probada de ambos. El Fiscal General también pierde con frecuencia las batallas litigiosas en la arena del Poder Judicial. 

Es frecuente, sin embargo, si no prospera una acusación en contra de algún político no afín a la 4T, que las autoridades de investigación oficiosa, “sacan de la manga” otros delitos con la finalidad de seguir fastidiando a los acusados. Están los casos de Rosario Robles, Emilio Lozoya o Ildefonso Guajardo, por citar algunos ejemplos. Si prejuiciar a nadie, mas parecen perseguidos políticos que delincuentes. 

Cuando Rosario Robles sería liberada por la falsedad en la integración de la carpeta de investigación y obtener, al menos su libertad bajo fianza, de inmediato le cargaron otros delitos. A Lozoya no se le ha visto desde que fue extraditado, ni pisó la cárcel, cada vez que pueden le cargan más y más delitos para que no salga libre del proceso penal que se le sigue. El pretexto: “testigo colaborador o testigo protegido”. Y, a Ildefonso lo consignan por no cuadrar unas cuentas, le inician proceso penal. López, sin embargo, metido hasta el cuello, siempre opinando en los juicios penales, cuando ha probado ser un zopenco ignorante en la materia. 

Ahora es el caso del magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, a quien se le ha tildado de ser lacayo de AMLO, pero varias de las sentencias dictadas por la Sala han sido en contra del presidente de la República, por contumaz violador de las normas electorales ¿Lo quieren sojuzgar? Todo parece indicar que sí. 

Derivado a la orden de archivo de la denuncia en contra del magistrado presentada por Santiago Nieto, titular de la UIF, consistente en la declaratoria de no ejercicio de la acción penal; como por arte de magia salieron otros datos de prueba que acreditan más delitos, según Nieto, para ampliar la acusación en contra de José Luis Vargas ¿Por qué no se hizo antes? ¿Cacería de brujas? 

Ha trascendido que las “nuevas investigaciones de la UIF”, demuestran que el magistrado José Luis Vargas, junto con un familiar y un grupo de personas físicas y morales, “operaron instrumentos financieros y corporativos” para llevar a cabo transferencias bancarias y depósitos en las cuentas de un familiar, movimientos que en ningún momento fueron declarados ante la autoridad hacendaria. 

Así de eficiente la UIF ¿No contaba con esas pruebas cuando denunció por enriquecimiento ilícito? ¿O son pruebas que guardan maliciosamente para utilizarlas por cualquier razón política? ¿Por qué no hicieron la denuncia por el todo? Con conocimiento de causa, en materia penal no en balde trabajé 10 años en esa área en el Poder Judicial, por eso me parece inconcebible el proceder de la UIF. 

También trascendió que ese grupo de personas (a los que acusan), entre las que se encuentra el magistrado presidente de la Sala Superior, realizó transferencia al extranjero y constituyó empresas “cuya finalidad no se justifica (según la UIF) toda vez que funcionó únicamente como receptoras de recursos (dinero) provenientes de empresas con características de “posibles fachada” (tejen en el aire) para posteriormente dejarse sin funcionalidad. Como lo describen, todos son supuestos, nada firme para probar el delito, aunque la presunta responsabilidad quede pendiente de probarse en el litigio judicial. Y de acuerdo a la teoría del Derecho Penal de AMLO: el que nada debe, nada teme. Mientras que se jodan en el juicio ¿Qué les molestó del magistrado Vargas? ¿Es para doblegarlo? En aras de la “honestidad y combate a la corrupción” cometen toda clase de abusos los del gobierno de la 4T. 

Mientras por medio de la Dirección General de Procedimientos Legales hicieron una solicitud de argumentación en la que explicaron que se trataba únicamente del delito de enriquecimiento ilícito, razón por la que fue impugnado el acuerdo de archivo ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte de la Ciudad de México. Asunto pendiente. 

Mientras buscan doblegar a los “enemigos de la 4T”, AMLO y la Fiscal de la Ciudad de México, callan como momias sobre los responsables de la muerte de 26 personas y casi un centenar de lesionados, en donde, incluso, el mismo gobierno resultó con daños y perjuicios derivados de la pésima obra de la Línea Dorada del Metro. 

Todos saben que Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Carlos Slim, entre otros, son presuntos responsables de la casusa de lo causado. Estos se enriquecieron del presupuesto multimillonario que nunca demostraron haber aplicado. La obra tuvo que ser corregida en el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Ante las evidencias públicas no hay presuntos responsables después del pasado 3 de mayo. Pero, debe advertirse, ellos son protegidos de la 4T, no se puede actuar en su contra, no aplica la justicia en su perjuicio. Así es la “honestidad valiente de AMLO”. 

Héctor Parra Rodríguez