Tras la verdad: oportunismo y morbo mediático de AMLO por caso Odebrecht.
En el caso de la detención e involucramiento de Emilio Lozoya Austin, en presuntos actos de corrupción, que se originan en el año 2012, tiempos de campaña electoral…
Querétaro, Qro. 14 de julio de 2020
Andrés Manuel López Obrador, de todo obtiene provecho mediático, manipula a placer la información. En el caso de la detención e involucramiento de Emilio Lozoya Austin, en presuntos actos de corrupción, que se originan en el año 2012, tiempos de campaña electoral, acompasados cuando ocupara el cargo de director general de Pemex. La organización civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, participó desde entonces denunciando los hechos, no son acciones del actual gobierno.
Sin embargo, Amlo pretende hacer creer su gobierno está actuando contra esos actos de presunta corrupción. Lo cual es falso. En la FEPADE, se inició un expediente desde 2017, sobre el mismo asunto, lograron integrar un buen cúmulo de pruebas. Se abrió la carpeta FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017. Más datos que evidencian el morbo y protagonismo manipulador del Presidente, cuando el retorcido quiere saber quiénes están involucrados en el asunto, enfermizo y torvo el involucramiento de Amlo. Una vez más, metiéndose en temas que no son de su competencia, su gobierno nada ha hecho, no aportó pruebas, mucho menos para la detención y extradición voluntaria de Lozoya.
A mayor abundamiento, en territorio estadounidense, se juzgó a la brasileña Odebrecht; el juez Reydmon J. Dearie, del distrito judicial de New York, sentenció a la empresa al pago negociado de 2, 600 millones de dólares, por corrupción en varios países. Abusando de la extraterritorialidad se quedaron con esos miles de millones de dólares; querían 4,500 millones y negociaron la otra cantidad. El juego de, dame y te doy. Entre los países en los que quedó constancia de actos de corrupción –en el expediente-, están Argentina, Venezuela, Perú, Guatemala, Brasil, República Dominicana y México. Lo cual refuerza la tesis de que, el gobierno de la 4T, nada ha hecho para desvelar la presunción de corrupción que pesa sobre Emilio Lozoya y posiblemente otros más. Obrador se truena los dedos por dos razones; una, quiere 200 millones de dólares de los actos de corrupción; la otra razón, le urge nombres para ampliar, eso sí, la posible acción penal por parte de la Fiscalía que encabeza Gertz Manero, ajena al gobierno de Andrés Manuel López –en teoría-.
El asunto es un buen rompecabezas juridicial, no fácil de armar. Primero, el dinero de la empresa brasileña, de ser cierto –lo declaró el delator-, fue entregado en tiempos de campaña, año 2012, cuando ganó Enrique Peña Nieto. Nadie era autoridad en funciones. El brasileño Carlos Fadigas, entonces ex director de Braskem –delator en el expediente que se siguió en los EUA- dijo haber acompañado al equipo de enrique Peña, durante la campaña, fue entonces cuando aportó el dinero por medio de artilugios entre empresas, una de ellas de Emilio Lozoya. Insisto, nadie era autoridad en el momento de dar y recibir el dinero. Por eso la FEPADE inició averiguación previa o carpeta de investigación, por involucrar dinero ilícito en campañas; al igualo que lo hiciera López Obrador, con el fideicomiso que formó para recibir más de 200 millones de pesos, dinero sucio que fue invertido en su campaña ¡Ah! Pero él quedó limpio gracias a los acuerdos de impunidad. En el INE, se demostró la ilegalidad, pero le taparon la suciedad en el TEPJF, de los millones de pesos que entraron al fideicomiso, salió para apoyo a los damnificados, pero de Morena. Por eso –entre otras cosas- está molesto Amlo con los consejeros del INE, quienes lo desnudaron y demostraron la llegada de dinero sucio a la campaña de Amlo-Morena, así como lo hiciera el PRI.
Una vez que inicia el gobierno de Enrique Peña Nieto, es cuando, se dice, cobraron los favores por medio de contratos “inflados” en Pemex, para recuperar la inversión aportada en campaña ¿Así estará pagando Amlo a quienes le aportaron muchos millones de pesos a su campaña? Basta ver el enorme número de contratos millonarios sin licitación que están otorgando a empresarios amigos de la 4T. Así se pagan y cobran los favores.
La Entidad Superior de Fiscalización también aportó información e hizo observaciones en su momento para el esclarecimiento de algunas irregularidades detectadas en Pemex. La misma empresa abrió expediente de investigación al respecto. Todo ello antes del inicio del gobierno lopista. El cúmulo de pruebas que existen fueron recabadas con anterioridad, la mayoría en 2017. Nunca cerraron las investigaciones. Por eso el oportunismo y la manipulación mediática de Andrés López, sumado al morbo de saber quiénes más pueden estar involucrados en el asunto de los actos de corrupción y presumir que su gobierno está combatiendo la corrupción. De ser cierto, constitucional y legalmente su gobierno no tiene injerencia alguna. El manipulador de siempre.
Ahora bien, se ha dicho por parte de López que Emilio Lozoya, desea llegar a un arreglo, pero ¿Quién es Andrés Manuel en los autos del expediente para dar esas declaraciones? ¡López no es nadie! ¿Qué pretende entonces? En su caso, los arreglos extrajudiciales o judiciales deberán hacerse ante las autoridades competentes y Andrés Manuel no es autoridad, vamos ni autoridad moral tiene en este asunto judicial. Un juez federal fue quien autorizó la orden de aprehensión, por lo tanto estamos en presencia de autoridad distinta al Poder Ejecutivo. Bueno, con el ejemplo de haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán, ya no se sabe qué tantos abusos puede cometer el Presidente. El trámite de la extradición se impulsa, además, por la petición de la Fiscalía General, otra autoridad ajena a López. Por último, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es simple coadyuvante en los trámites de extradición, solo eso. Para colmo la Interpol detuvo a Lozoya.
De ahí que resulta por demás abusiva e ilegal la participación del Presidente de la República, en este asunto de naturaleza penal. Sin embargo, los legos o ignorantes del Derecho, aplauden la acción de la persecución e impartición de justicia que no es competencia del Poder Ejecutivo.
La autonomía de la Fiscalía General, se dio por la participación de la sociedad civil organizada, también a iniciativa legal del gobierno de Felipe Calderón con las reformas constitucionales y la concreción del gobierno de Enrique Peña, con la creación de la Fiscalía y su autonomía. Nada ha tenido que ver en todo este asunto el gobierno de López Obrador. Él, sin embargo, pretende cosechar los triunfos del combate a la corrupción, cuando la verdad histórica lo desmiente. El Presidente sigue siendo un oportunista, experto manipulador en la desinformación. Emilio Lozoya Austin, está por llegar a México, pronto sabremos más de esta larga y manipulada historia.
Héctor Parra Rodríguez
