Nueve cárteles dominan el 80% de territorio mexicano

Los grupos criminales tienen al menos 74 brazos armados.

“El 80 por ciento de los municipios de México están gobernados por autoridades que tienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades”, dijo a SinEmbargo el escritor y periodista Ricardo Ravelo Galó.

Para el especialista en crimen organizado, “esto quiere decir que [los criminales] tienen el 80 por ciento de las corporaciones policiacas estatales y municipales bajo control”, y “esa es la razón por la que no hay seguridad” en el país.

Hoy en día existen nueve grandes cárteles a nivel nacional –Arellano Félix (o de Tijuana), Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes (o de Juárez), Golfo, Caballeros Templarios, Sinaloa o del Pacífico, Jalisco nueva generación, La Familia y Los Zetas– además de cinco –Los Viagras, del Noreste, del Poniente, del Sureste y Nueva Plaza– que han ido cobrando fuerza en los últimos cinco años.

Esta cantidad de grandes organizaciones criminales es dos veces mayor a la que la Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General de la República (FGR)– reconoció en 2005, cuando los principales cárteles eran los de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Colima (que fue absorbido por el CJNG hace poco más de 10 años).

El aumento de grupos delictivos –entre los que se cuentan al menos 74 brazos armados de los principales cárteles a nivel nacional– fue un proceso natural por la adaptación del crimen organizado a las demandas de mercado, según la doctora Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno de la Universidad estadounidense George Mason.

Hoy en día “tenemos muchas células operando como células complejas adaptativas”, dijo la especialista en crimen organizado. Esto quiere decir que hubo un proceso de “fragmentación” de los grupos delictivos durante los últimos 19 años, en que las organizaciones delictivas se fueron especializando y organizando para competir por el mercado de la droga y de otras actividades criminales (armas, extorsión, prostitución, secuestro, trata, entre otros).

Entre los momentos clave para entender la evolución del crimen organizado en México están la “transición política del 2000”, la aparición de los zetas entre 1993 y 2003, así como el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de 2006.

Durante esos años, ocurrió el desmantelamiento de las estructuras tradicionales de poder de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la militarización de los cárteles mexicanos y la implementación de estrategias frontales más violentas para defenderse del Estado Mexicano, coincidieron Ravelo y Correa-Cabrera.

Debido a la naturaleza del crimen organizado mexicano –que opera como un conjunto de “empresas criminales” motivadas por el dinero, más que por la “infiltración política” que tienen y que las alimenta– el Gobierno federal tendrá el reto de luchar en contra de “la criminalidad que se genera por el vacío de Estado que priva en todo el país”, con dinámicas que van mucho más allá de la Guardia Nacional, los programas sociales y el fin de la guerra contra el narcotráfico, explicaron Ravelo y Correa-Cabrera a SinEmbargo.

“Ya están militarizados, ya saben cómo extraer rentas, tienen acceso a armas de alto calibre y no les puedes decir ‘¡pórtense bien!’ porque no tenemos todavía la capacidad económica para darles trabajos” que cubran los ingresos que tienen dedicándose a lo que se dedican. Por ello, la doctora Guadalupe Correa-Cabrera afirmó que aunque la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es “interesante”, es insuficiente para cubrir el tamaño del problema en un contexto en que hay “muchas promesas”, pero en un país con una economía que “no está creciendo”.

Para Ravelo, las acciones del actual gobierno “permiten ver un futuro inmediato muy negativo”, ya que su estrategia plantea combatir las carencias como punto de origen de la violencia, cuando “en realidad”, la delincuencia se origina por la falta de Estado de derecho.

Como ejemplo mencionó el caso de Tamaulipas, en donde no hay Estado de derecho. “Es decir, hay una autoridad gubernamental, hay una Fiscalía y hay policías; pero estas están al servicio del narcotráfico. Lo mismo pasa en Guerrero y en Michoacan, donde hay vacíos de Estado porque no se aplica la Ley; porque aún conociendo quiénes están vinculados al narcotráfico, el Gobierno federal no actúa para desmantelar a los grupos criminales ligados a la política”.

Para los analistas, la experiencia internacional (Colombia e Italia) indica que la solución está en el reforzamiento del Estado de derecho y en la persecución de redes criminales de empresarios y políticos ligados a grupos delictivos, por lo que se vuelve esencial un sistema de inteligencia financiera y fiscal, además de estrategias de bienestar, combate a la pobreza y reestructuración del combate delictivo frontal.

El crimen organizado, su comportamiento y su operación no es la misma en uno u otro lado de la República Mexicana; y “hoy por hoy tenemos una fragmentación de las células criminales”, explicó la doctora Correa-Cabrera.

Por un lado está la situación que se vive en las costas este (Golfo de México y Mar Caribe) y oeste (Golfo de California y Océano Pacífico) del país, que son rutas naturales para el tráfico de armas entre México y Estados Unidos, así como de sustancias activas y narcóticos que fluyen por el Continente Americano e incluso a otras partes del mundo (como Asia y Europa).

La situación en la región costera del Golfo de México, sobre todo en Tamaulipas y Veracruz, que se extiende desde el este hasta la mitad del territorio mexicano (Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla) experimenta un entorno de divisiones de bandas delictivas, caracterizado por tener un “equilibrio muy sensible” en que la pelea de plazas es más común que en otras regiones del país.

Algo similar ocurre en la región norte de México, en que existe una disputa territorial por la zona –sobre todo en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas– que antes era controlada por el Cártel del Golfo y Los Zetas, cuya fragmentación –como en el caso del Cártel del Noreste que surgió de Los Zetas– sacudió la paz en la región norte, afectando parte del Bajío (sobre todo a Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas) y del sureste (Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) de México.

Para la doctora Correa-Cabrera, los casos más emblemáticos de “limpias” de espacios por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están en los estados de Michoacán y Veracruz. Sin embargo, el periodista y escritor Ricardo Ravelo Galó explicó que, además de estas dos entidades federativas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas se suman a “las zonas más violentas” del país.

Como ejemplo de las disputas existentes, Ravelo recordó que Michoacán es un estado peleado por cuatro organizaciones criminales –el CJNG, Los Viagras, Los Valencia, lo que queda de Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana– a las que se suman grupos de autodefensa que están metidos en tráfico de drogas.

Para Ravelo, “la violencia en Michoacán en parte se recrudece porque es un punto de abasto o de abastecimiento. Es decir, buena parte de los productos y activos que vienen de Centro y Sudamérica es descargada en las costas michoacanas […] y ese corredor llega hasta lo que es Guerrero y también toca parte de Morelos y del Estado de México”. Por ello, el escritor aseguró que Michoacán “es una puerta importante en la Ruta del Pacífico”.

Sobre la región del Golfo de California y del Pacífico mexicano, Correa-Cabrera dijo que existe una “mayor lógica” en la organización y estabilidad de los grupos delictivos, ya que aunque no está libre de la lucha de plazas, hay un “mayor control” por parte de los grandes cárteles, como el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Acerca del Bajío –Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas– menciono que hoy en día se vive un proceso de “expansión del CJNG”.

En los escenarios de disputas territoriales por parte de los grupos criminales, los especialistas destacaron los casos del norte, este y del sureste de México.

Allá en el norte, reconocieron que hay una disputa entre el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y Los Zetas por el control fronterizo del corredor “Durango-Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas”; en la región del Golfo de México el CJNG y Los Zetas pugnan por todo el comercio que viene desde el Caribe, que se extiende por toda la Península de Yucatán y que cruza por Tabasco para subir por la costa hasta Tamaulipas.

“Sólo en Guerrero hay 350 organizaciones criminales y todas son ramificaciones; son grupos que operan en dos o tres municipios que tienen el control político, tienen el control de la policía, el control del secuestro, el tráfico de drogas y además tienen líneas de parentesco. Son familias que controlan todo”.

Esta entidad, que en lo que va de 2019 tuvo la cuarta tasa de homicidios dolosos y la sexta tasa de secuestro más altas a nivel nacional según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “es un caso atípico de multiplicación de grupos delictivos” en el país, porque allí “el crimen organizado tiene el control territorial y el control político”, además de que allí reina la impunidad y subsiste una condición geográfica inigualable: “Es el único estado en donde se cultiva amapola por encargo”, según Ravelo.

Para el escritor, “en Guerrero hay municipios amapoleros que al mismo tiempo están agrupados en distritos que los tiene bajo control político el PRI o el PRD a través de Los Ardillos o Los Rojos; o bien Los Guerreros Unidos y los candidatos de estos grupos criminales que hoy son alcaldes o legisladores en el estado. Es decir que la actividad política está totalmente relacionada con la actividad criminal en Guerrero”.

LA FRAGMENTACIÓN HISTÓRICA

La llamada “guerra contra el narcotráfico” terminó de abrir la Caja de pandora en 2006. Pero el recrudecimiento de la violencia y la lucha territorial de los grupos delictivos en México fue un proceso paulatino que empezó en la década de los noventa, con un punto de quiebre en el año 2000, cuando el fin de la hegemonía priista marcó “el inicio de una nueva era en cuestiones de delincuencia organizada” –no sólo narcotráfico–, explicaron Guadalupe Correa-Cabrera y Ricardo Ravelo Galó.

En ese momento, en que el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a la Presidencia de la República por primera ocasión, “se pierde la capacidad y el control por parte del Estado para administrar el narcotráfico y las rutas del narcotráfico”, debido a que había un Presidente de un partido y gobernadores de otro –en su mayoría priistas– que empezaron, cada uno, a apoyar a diferentes grupos criminales”. Según Correa-Cabrera, “entonces empieza a haber una gran lucha por el territorio y las plazas del narcotráfico”.

Lo anterior implicó un rompimiento entre los grupos criminales y el poder central. Para Ravelo, antes del 2000 los grupos delictivos negociaban “con el Ejército, la Marina o el Presidente; pero al no haber ya esto, [los criminales] se diseminaron por todas partes, ocuparon más territorio y empezaron a pactar con autoridades menores” (como alcaldes y altos mandos policiacos). En consecuencia, poco a poco los cárteles tradicionales “dejaron de ser grupos grandes, regionales y se transformaron por la misma dinámica del negocio”.

“Al mismo tiempo, en esta lucha intestina que empieza a expandirse, surge un nuevo modelo de delincuencia organizada […] en las peleas por plazas en el territorio mexicano. ¿Qué fue lo que pasó? El surgimiento de Los Zetas” al final de la década de los noventa.

De acuerdo con la doctora Correa-Cabrera, “uno de los motivos de la creación de Los Zetas fue precisamente esta lucha por el territorio. Osiel Cárdenas Guillén, que era en ese momento [1999-2003] líder del Cártel del Golfo, trata de proteger su plaza más importante, que es la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se hace de una guardia pretoriana” (un cuerpo de protección militar) para luchar contra el Cártel de Sinaloa y su entonces aliado, el Cártel de Los Valencia.

Con la creación de Los Zetas, el Cártel del Golfo se hizo de un cuerpo de ex fuerzas especiales del Ejército Mexicano –ex integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales o GAFE– que operaban para la Policía Federal (PF) en la frontera norte de México (Tamaulipas). Uno de ellos fue el ex GAFE y cofundador de Los Zetas Arturo Guzmán Decena, un castrense dedicado a entrenar (1994-1997) a militares en operaciones de contra-insurgencia para luchar contra la Guerrilla Zapatista. Sin embargo, “cuando el zapatismo ya no fue un riesgo de seguridad nacional, [los ex GAFE desertaron y] se fueron a la frontera […] para los operativos antinarcóticos”.

Según Correa-Cabrera, “ahí ellos empiezan a dominar territorios de manera militar, con entrenamiento y estrategia castrenses y armamento de alto calibre. La militarización de la delincuencia organizada hace que se expandan y diversifiquen los órganos de control y el control de todas las actividades criminales que no estaban solamente reservadas al narcotráfico”. Poco a poco, este modelo se empezó a extender de Tamaulipas a todo el corredor norte de México, cruzando verticalmente a la Nación, primero por el oeste –sobre todo en Guerrero y Michoacán– y luego por Veracruz.

A partir de la fragmentación y militarización de los grupos criminales, comenzó un tercer proceso de transformación en el Bajío mexicano.

“Michoacán es una tierra en donde estaban los hermanos Valencia controlando las actividades del narcotráfico y llegaron los grupos de Tamaulipas de la mano con otros grupos que nunca fueron de narcotraficantes”, sino que eran grupos de vigilancia parecidos a las autodefensas y que años más tarde (en 2006) se fragmentarían –primero en Los Treviño y Los Lazcano– para conformar a La Familia Michoacana, explicaron los especialistas.

Estos grupos se militarizaron y fueron “exportando su modelo de diversificación de actividades criminales y de extracción de rentas mediante el secuestro y la extorsión en sus diferentes formas, como el cobro de derecho de piso”. Es en este punto en que el crimen organizado, como lo conocemos en la actualidad, comienza a tomar su forma.

Sin embargo, faltarían un par de elementos más para explicar el recrudecimiento de la violencia. Primero la guerra contra el narcotráfico (2006) que obligó a los cárteles a una carrera armamentística y a la adopción de estrategias de combate más agresivas; luego la lucha entre Los Zetas y el Cártel del Golfo (2009-2010) que plantó la semilla para la creación del CJNG; y la captura definitiva de “El Chapo” Guzmán Loera (2016).

La lucha entre Los Zetas y el Cártel del Golfo “llevó a otras dinámicas que junto con la lucha territorial y la declaración de la guerra contra las drogas con Felipe Calderón Hinojosa, provocó guerras muy intestinas entre el Estado y la delincuencia organizada”, explicó Correa-Cabrera.

El conflicto primero explotó en Veracruz –con los “Mata Zetas” que se transformarían en el CJNG– y se extendió como pólvora enardecida a través de todo el Golfo de México. Luego se reprodujo el mismo modelo de antaño: Se conformó un grupo (CJNG) protegido por el Estado mexicano, que terminó convirtiéndose en uno de los cárteles “más importantes del país”, luego de la muerte del ex líder de Los Zetas Heriberto Lazcano Lazcano, en octubre de 2012, y con el encarcelamiento definitivo de “El Chapo” en enero de 2016.