Las setenta y dos horas

Cada año y por estas fechas –finales de agosto, primero de septiembre– la República camina por los difíciles y angostos senderos de su presente y que, sin olvidar su pasado, busca mejorar un incierto futuro.

Y ningún gobierno, desde que México es independiente, la ha tenido fácil.

Este tampoco.

Pero este, el del 2020, hace coincidir desavenencias, proyectos encontrados, visiones distintas e ideologías diferenciadas.

Y eso que en la generalidad de los gobiernos –y a propósito de los informes– siempre aparecen y son citados los llamados “emisarios del pasado”.

Este no es la excepción.

Pero, además del II Informe Presidencial, se agrega la lucha política que vive ahora mismo el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores.

Y otro más.

De hoy a mañana, el país también habrá de recibir y aprobar por el Instituto Nacional Electoral INE, a algunos de los nuevos partidos que tendrán registro nacional, que de más de cien organizaciones políticas que iniciaron este camino, solo quedaron siete. Y no todos –seguramente– alcanzarán este preciado registro nacional.

Por si fuera poco el ruido político de estos días, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que congrega a la totalidad de mandatarios de los estados del país, diez de estos analizan –para no utilizar la palabra “amenazan”– la posibilidad de salir de esta organización. Y todo porque esta alianza federalista tiene importantes desacuerdos con el Ejecutivo nacional, para hacer frente al candente tema del Pacto Fiscal, acelerado y urgido ahora por los estragos que en la salud, pero particularmente en la economía, está dejando la pandemia.

Y si se fija usted bien, en todos los casos –informe, que será distinto a todos los demás en los últimos 100 años; registro nacional a los nuevos partidos, cuya fecha viene con retraso por la pandemia; el desmembramiento de la CONAGO– incide la presencia flagelante, mortal, del COVID-19, como si los problemas políticos y económicos no bastaran por si solos a nivel país.

El II Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador no cambia de fecha –1 de septiembre– pero sí reconsideró el número de asistentes. Se cumplirá en el patio principal de Palacio Nacional ante no más de cincuenta invitados presenciales, los que también deberán de guardar la sana distancia.

Ahí dará un mensaje a la Nación –no tanto informe– que con este sería el séptimo que realiza en lo que va de este gobierno, luego de que ha cumplido cuatro por año, con la salvedad de que el de este martes primero de septiembre es de obligación constitucional.

¿Quiénes estarán en este informe de Palacio Nacional? Seguramente su gabinete de trabajo de primer nivel –y no el ampliado– pero también, se presume, los gobernadores. ¿Y de estos, asistirán los 32? Solo con estos dos grupos se rebasaría el número de asistentes recomendado por las autoridades sanitarias. El informe inicia a las nueve de la mañana.

Por la tarde –y luego de que las dos Cámaras han resuelto el jaloneado tema de sus dirigencias– estará la Lic. Olga Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación, para hacer entrega del documento que contiene, a detalle, la relatoría, avances y lineamientos del último año de gobierno.

De todos estos documentos, se hacen imprescindibles el combate a la corrupción, a la pobreza y las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. Esto será a eso de las cinco de la tarde en el Palacio de San Lázaro, cuya asistencia también será selectiva y cuyo número no sobrepasara a los 250 legisladores, divididos entre legisladores -que serían la mayor parte– y senadores, cuyo número no sobrepasará los 60.

Y todo esto resumido en un espacio no mayor a las setenta y dos horas que marcarán –de por sí históricos por obligación– los rumbos y decisiones de la cosa pública nacional.

Y se medirán, tanto en las instancias y recintos oficiales, como en las calles, afectos, aversiones, en un ambiente político que no llega precisamente terso.

Ojalá, y por el bien de la patria, impere la razón.