El Tren Maya otra Falacia Fraudulenta de AMLO.

Santiago de Querétaro Qro.17 de diciembre de 2019

Por Héctor Parra

Lo advertimos con toda oportunidad. La “consulta popular” que llevó a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el pasado fin de semana, además de constituir una ilegalidad, se trató de un vil engaño para los pobladores de los 5 municipios en donde se llevó a cabo la ilegal votación de la consulta. Lo relativo a la ilegalidad está más que fundada, vamos, el trastupije; mucho insistimos en que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les faculta por medio de la ley. Así las cosas, la orden dada por el Presidente de la República para realizar la consulta no tiene sustento legal alguno, no lo prevé la Constitución en su artículo 35 fracción VIII; tampoco en ley secundaria alguna. Luego entonces la orden que dio al Director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, para operar la ilegal encuesta, adolece de la misma ilegalidad y el Director incurrió en responsabilidad administrativa, si no es que penal también; el Director no tiene la atribución que le ordenó realizar el Presidente de la República. Por lo tanto, los pueblos indígenas de los 85 municipios en los que instalaron 269 mesas directivas, fueron timados por el Presidente de la República; habría que agregar que la consulta la realizó, por ordenes del mismo López Obrador, en noviembre del año pasado y el resultado, en esa otra “faramalla” o “consulta patito”, ganó desde entonces la propuesta presidencial: construir el tren Maya. Esa es otra razón más del engaño, del fraude maquinado. En esta ocasión, solo asistieron 81 mil 150 votantes, de un universo que se desconoce, de ahí la falacia de que haya sido el 75% del total de las comunidades las que aprobaron la realización de la obra y la destrucción de flora y fauna de cientos de kilómetros de la zona por donde pasará la vía del ferrocarril. Curiosamente, como nunca antes, no hubo un solo voto nulo ¡Ah barbaros! Por cierto, no comunicaron a los lugareños los daños y perjuicios que les causarán (directamente a ellos) a su inmensa riqueza natural, por los deterioros que generará la obra civil. En las boletas no se dice nada al respecto.

¡Más ilegalidades de la “consulta popular”! ¿De dónde obtuvo el presupuesto el Director de los Pueblos Indígenas si no tiene dinero público para ello? ¿Quién autorizó el presupuesto público para la consulta? ¿Quiénes formaron las mesas directivas de casilla? ¿Quién avaló el escrutinio y cómputo de los votos? ¿A cuánto ascendió el costo de la operación? ¿Quién y en dónde hicieron el cómputo total de los 5 municipios, a saber: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Sumado al cúmulo de las irregularidades tanto de carácter legal como político, resultó una verdadera ofensa para esos pueblos indígenas, a quienes el gobierno de la 4T, ofreció la realización de obras a fin de que aprobaran, por medio de su voto, la realización de las obras que pidieron los originarios. Se trató ni más ni menos que de la descarada compra del voto que tanto odia y rechaza el Presidente de la República. No fue más que una engañifa presidencial que ofende a los mexicanos en conjunto, una manipulación de mala fe a los pueblos indígenas, un “fraude electoral” si se le puede llamar así, aquel que pretende castigar el gobierno lopista con cárcel y sin derecho a fianza. En el juego de los engaños, también cometieron fraude y manipularon a los medios de comunicación, la mayoría solo ve el asunto de manera superficial, ni por asomo entran al análisis del fondo; algunos, incluso aplauden el fraude, no sé si por ignorancia o por otras razones que, usted fino lector, puede obtener como conclusión.

Demasiado sucio el juego presidencial. Bien pudo hacer el “teatro”, sin cometer fraude maquinado, vamos aunque no tenga atribución alguna para ello, al menos mostrar el respeto que merecen los pueblos indígenas. Dijo el Director de los Pueblos indígenas que el 75% de los pueblos aprobó la construcción ¿Y el 25% restante que no lo aprobó, no son tomados en cuenta? En la conferencia mañanera de este lunes, cuestionaron al Presidente sobre la negativa de los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que habitan en la selva lacandona; López Obrador, “bateó” la pregunta y no dio respuesta. Los integrantes de esa organización (son varios pueblos de la zona), tienen 30 años aproximadamente de existencia, grupo civil armado que se encuentra perfectamente organizado, ellos advirtieron al Presidente que no permitirían el paso, por su zona de influencia, de las vías del ferrocarril. Un asunto pendiente y sin respuesta del Presidente, aunque habría que recordar que fueron amenazados por el mismo titular del Poder Ejecutivo. López Obrador, puede “soltar al tigre”, según sus propias palabras.

El engaño presidencial no tiene nombre. En el año que corre se autorizó el presupuesto para iniciar los trabajos del tren Maya, luego entonces por qué evidenciar el “fraude electoral” y hacerlo patente ¿Acaso se trata de probar la capacidad del engaño y mediatización de la mentira para hacerla parecer como verdad? Ya lo creo, el Presidente ha dado pruebas de ser capaz de eso y más. Solo falta que el mismo Andrés Manuel López Obrador, desmenuce los compromisos que adquirió su gobierno con los pueblos indígenas de esos 5 Estados y el costo económico que tendrá el cumplimiento de los mismos. Esa cifra elevará el presupuesto del la obra, dado que no estaban contemplados dentro del Decreto de Egresos, apenas aprobado por la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados ¿De dónde saldrán los millones de pesos comprometidos? Por cierto, tampoco se dijo quiénes fueron los negociadores del Presidente de la República. Conclusión. Un vil fraude la ilegal “consulta popular”; violenta cualquier marco legal, no resiste el menor análisis jurídico de legalidad y por si fuera poco, fraudulenta la consulta ¡Pero qué necesidad! Así se maneja el gobierno de la Cuarta Transformación, por esa y muchas más razones, no hay inversión que impulse la economía nacional, no hay certeza jurídica en los actos gubernamentales; ante ese lamentable panorama, lo único que queda es reprimir la inversión privada.