Ambientalistas piden a MKG veto a lo aprobado del agua

Por Andrés González Arias

Cuando el estío arrecia y el tandeo de agua en diferentes puntos de la zona urbana de Querétaro es una realidad, con una ley que regula la prestación de los servicios del agua hecha el pasado jueves sobre las rodillas –“de madruguete y llena de triquiñuelas” punzó Ospital– es que ambientalistas, que no pertenecen formalmente a partido alguno, presentan al gobernador, Mauricio Kuri González la solicitud formal de veto para esta ley y que, en cambio, se trabaje y consense una Ley de Aguas para el Estado de Querétaro.

Así, lo apresurado del pasado jueves, hizo ya brotar el agua fétida de esa “ley” y en al menos cinco puntos, ignorados por los legisladores panistas, demandan “que el Estado recobre la rectoría en materia hídrica” cuando este asunto amenaza escalar niveles superiores.

El documento fue presentado ayer íntegro –viene en cuatro páginas– a las oficinas del gobernador Mauricio Kuri González y viene firmado por el LAE Enrique Urribarren Castro, presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, A.C. OCPAQ y respaldado por los y las ambientalistas América Vizcaíno Sahagún, Federico Orozco Mouret, Manuel de Anda Garduño, Diana Laura Juárez Zamora, Víctor Manuel Ávalos Castañeda, Izarrely Rosillo Pantoja, Claudia Elvira Romero Herrera, Patricia María Elena Beltrán Taboada, María Fernández de la Vega Frisbie, Emilia Pizarro Cordero, Ricardo Montiel Rivera, Luz del Carmen Romero Vivero, todos residentes de Querétaro.

Ellos y otros colectivos de ambientalistas, técnicos y peritos universitarios, coincidieron en que esta iniciativa del pasado jueves 19, “no garantizan el Derecho Humano al agua, pero además son contrarias a las disposiciones constitucionales y a la ley federal en la materia”.

El escrito viene preciso, exigente, pero no ofensivo.

Y en cambio, puntualiza:

“El permitir trasladar el servicio de suministro de agua potable a un particular o empresa privada, la convierte en iniciativas privatizadora”.

Y reiteran la realización de un Parlamento Abierto para la construcción de este ordenamiento legal. Que desde luego no existió.

Y mencionan el Acuerdo de Escazú, signado por nuestro país.

Específicamente también señalan “la inusitada velocidad para conjuntar ambas iniciativas” por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, en las que el resto de los 22 diputados contaron con menos de 12 horas para su discusión y aprobación.

Y pues, funcionó el mayoriteo panista. Ni que.

El OCPAQ Abunda:

Una característica esencial de un servicio público (del agua, en este caso) es que son las instituciones públicas las llamadas a prestar ese tipo de servicios. Por ende, de otorgarse concesiones a particulares para la prestación del suministro de agua potable a la población, es contrario al artículo 115 constitucional, particularmente en su fracción III y que, según esta, son los municipios los que tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos como el agua potable, el drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En contraparte, también existe el alto número de concesiones a particulares –Códice Informativo del 19 de mayo pasado– que se vienen acumulando desde el año de 1995 y que el retirar estas concesiones, vienen a sobrepasar la capacidad de pago de la CEA.

Lo interesante será que se detengan, se paren pues, la emisión de nuevas concesiones.

Y así sí, estaríamos creyendo que, efectivamente, no se quiere privatizar el agua en Querétaro.

El agua, en cualquier lugar del mundo –mucho más en Querétaro– es un asunto delicado, por lo que no se debe resolver sobre las rodillas.

Piénsenlo, señores diputados del PAN.