Atorón de la obra del “Viaducto Poniente”
Por lo pronto, se tomaron tres acuerdos: suspender temporalmente la obra; que los ejidatarios no permanezcan en la zona para evitar riesgos y, con intervención del gobierno del estado, se revisen los procesos y expedientes pendientes.
Santiago de Querétaro Qro. 3 de marzo de 2020
Por Andrés González: Cuando comenzaba a calentar la mañana – a eso de las ocho – un grupo de unas ciento cincuenta personas del Ejido San Pablo, con presencia de algunos colonos y pequeñas comisiones de ejidatarios de “Ejidos Unidos de Peña Colorada”, de la Central Campesina Independiente, deciden bloquear los trabajos del “Viaducto Poniente” considerada la obra estrella- insignia de la administración municipal, para exigir les sea cubierta la indemnización pertinente, en un litigio que se viene arrastrando desde el año 2014.
La solicitud del pago de indemnización viene desde el año citado, cuando por esta razón se abrió el expediente número 1640/ 2104 ante las autoridades agrarias federales y que está corriendo en demanda al gobierno del estado – no al municipio – y es momento que “no ha sido resuelta por ninguna autoridad agraria esta demanda”.
Los ejidatarios de San Pablo que portaban pancartas alusivas a la exigencia de la indemnización pero también banderas de la CCI, se hicieron acompañar por el licenciado Nicolás Rico Bañuelos, quién explicó que este ejido, “tuvo una dotación presidencial que data del año 1925 y una ampliación posterior realizada en el año 1936. Y esta superficie, donde el municipio de Querétaro está haciendo la obra, es una tierra de uso común y por ley, las tierras de uso común son inalienables, imprescriptibles y no embargables, de tal manera de que nadie puede disponer de estas tierras, a excepción de lo que se asiente por la Ley de Expropiación y la Ley de Propiedad Rural establecen, por causa de utilidad pública, realizar una expropiación, habiendo cubierto la indemnización correspondiente”. Esta indemnización no ha sido cubierta.
Por eso la demanda a gobierno del estado.
El movimiento de ejidatarios venía encabezado por la señora Rocío Vidal García, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pablo. “Venimos a exigir, por la vía pacífica, que se nos respeten nuestros derechos y el pago de esta indemnización. Y es que, como es tierra ejidal, nos debieron de haber tomado en cuenta y por lo menos avisado. Nunca nos toman en cuenta a los ejidatarios. Venimos a parar la obra y que nos escuche gobierno del estado”.
Además del abogado Nicolás Rico que lleva el caso por parte de los ejidatarios, también se hizo presente el ingeniero Mauricio Saldaña Guevara y que realizó el peritaje de medición.
La superficie del terreno en litigio son un poco más de 41 mil metros cuadrados – poco más de cuatro hectáreas, cuyo valor catastral podrían oscilar, en esta parte del terreno, en algo así como los diez mil pesos metro cuadrado. El número de ejidatarios afectados son 49 del Ejido San Pablo.
En esa hora – apenas pasadas las ocho – el lugar se llenó de patrulleros, se hizo presente el comandante Abraham Quintana Bárcenas, de la Unidad de Moto Patrullas de Seguridad Pública estatal, pero también de representantes de la secretaria de gobierno del estado. Aún no había llegado nadie ni del municipio ni por parte de la constructora que ejecuta la obra.
En realidad y a esa hora, en la obra aún no se comenzaba a trabajar. Estaban ahí paradas dos enorme retro excavadoras y una pipa cisterna de agua. El muro de concreto levantado se prolonga en al menos unos 250 metros con una altura que va desde uno a los tres metros.
Casi donde empieza la obra, el gobierno municipal la anuncia en un enorme espectacular que reza: Aquí se construye el Viaducto Poniente, por el gobierno municipal. “Notarás la diferencia”.
En el transcurso del día se dan los primeros acercamientos.
El municipio informa, a través de un comunicado, “la decisión de detener de manera temporal los trabajos de construcción del Viaducto Poniente, en los trabajos de incorporación de Bernardo Quintana a 5 de febrero sur-norte, en tanto se dialoga y se establece comunicación con el Estado para determinar el origen de la vialidad”.
Y según Apolinar Casillas, secretario general de gobierno municipal, “ya se ha entablado el diálogo con los afectados que reclaman indemnización”.
Y por lo pronto, se tomaron tres acuerdos: Suspender temporalmente la obra; que los ejidatarios no permanezcan en la zona para evitar riesgos y, con intervención del gobierno del estado, se revisen los procesos y expedientes pendientes.
Y aclaró lo siguiente: El gobierno municipal “dará continuidad al resto de los frentes de construcción del Viaducto Poniente”.
Así las cosas, hasta ahora.
