TRAS LA VERDAD CONTROVERSIA Y AMPARO EN FAVOR DE LA LEGALIDAD
El Inai y la Asociación Civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico, van ganando la “batalla” al inconstitucional Acuerdo emitido por el presidente López Obrador, por medio del cual intenta evadir toda clase de responsabilidades e incumplir el Estado de Derecho, so pretexto de ser consideradas sus obras públicas presentes y futuras con el carácter de: “seguridad nacional”.
Lunes 28 de febrero de 2022
El Inai consiguió de inmediato la suspensión provisional por parte del ministro instructor de la SCJN, lo cual significa que el Acuerdo estuvo en vigor unas cuantas horas. Aunque AMLO volvió a engañar a la audiencia aseverando que no habían declarado la inconstitucionalidad de su nefasto Acuerdo.
Por cuerda separara el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, promovió juicio de amparo y la juez de la causa le ha concedido suspensión provisional y definitiva.
En ambos casos no hay sentencia definitiva que termine con la incertidumbre constitucional. Arturo Zaldivar Lelo podría asestar otro golpe a la Constitución y conceder la razón a su “jefe superior”, como lo ha venido haciendo en otras controversias. Para el Estado de Derecho el presidente de la SCJN es un serio peligro.
Los medios de comunicación dan por hecho que la suspensión definitiva es sentencia y no es así. Incluso AMLO tiene el recurso de apelación cuando la jueza decida el fondo del asunto y dicte sentencia.
¿Qué pretende el presidente López con el Acuerdo inconstitucional? ¡Dejar de cumplir con todas las normas positivas que exigen el cumplimiento de requisitos para la realización de obras públicas! Iniciando desde el cambio de uso de suelo que compete a los ayuntamientos, dictámenes de uso de suelo, dictámenes de viabilidad, etcétera.
Además, el Acuerdo lleva implícito el ocultamiento de la información pública, ningún ciudadano ni organización civil podría saber el costo de las obras, nombres de los contratistas, la cuantía de los contratos y la serie de condiciones que se establecen en cualquier contrato, incluso la cláusula de los vicios ocultos, como lo fue la obra de la Línea 12 del Metro, construida con muchos vicios ocultos.
De tal suerte que el presidente no quiere rendir cuentas con su dichoso Acuerdo y burlar cuanta ley se le cruce; sin pasar por alto que no atendería términos legales, o sea tiempos para dar respuesta, dado que, el Acuerdo determina que aquella autoridad que no le responda, en caso de hacer alguna solicitud, en el plazo que él solo decidió, debe entenderse como aprobada la petición de la autoridad federal.
AMLO, además de todas las trampas que pretende por medio de su Acuerdo Administrativo, quiere acelerar la conclusión de sus obras mal hechas, como esas que se hunden en tierra fofa, durmientes que no resisten, través de puentes que se caen por estar mal colocadas o aquellas obras que se inundan con la primera lluvia. De todas esas pésimas obras públicas no quiere rendir cuentas a nadie.
La única obra pública que ha podido “blindada” fue precisamente el aeropuerto de Santa Lucía, obra que diseñaron y construyen los soldados del Ejército Mexicano, misma que se ha elevado en cientos de millones de pesos ¿Cómo logró blindar la obra? Precisamente el presidente de la Corte Arturo Zaldivar le concedió el gusto a López Obrador, al calificar constitucionalmente como “obra de seguridad nacional”.
Por eso la delicada y enorme preocupación cuando le toque resolver al Pleno de la Corte la controversia constitucional planteada por el Inai. Zaldivar es proclive, al igual que AMLO, a violar la Constitución. Lo ha hecho ya. Más preocupante al haberse sumado no a la obligación de respetar la Constitución, sino a los principios que impone la 4T, que consisten en cumplir con la voluntad de Andrés López Obrador, esa es la primera y última expresión en la interpretación de cualquier norma positiva.
Hasta hoy AMLO va perdiendo los juicios. Se han dictado suspensiones previas y definitivas en favor de los promoventes.
Bien por el Inai que defiende su quehacer público, que consiste en obligar a las autoridades a brindar u otorgar toda la información pública que, precisamente es propiedad de la sociedad y no del poder que ostenta el presidente de la República.
Bien por Gustavo de Hoyos Walther, líder visible de la Asociación Civil, quienes luchan por la transparencia y por eliminar la opacidad con la que actúa López Obrador, dilapidando el erario en sus ocurrencias. Todas las acciones del gobierno deben ser públicas y el presidente López se resiste a rendir cuentas.
Héctor Parra Rodríguez
