Durante la pandemia se garantizó el derecho de procuración de justicia: Fiscal General

• Rinde Fiscal General 5to Informe de Actividades
• Aumentó en un 66% la reparación del daño a favor de las víctimas
• Se tuvo una disminución del 37 por ciento en quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, lo que representa el 0.28% en relación a las carpetas iniciadas

En cumplimiento a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; y 13 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y en atención a las medidas de prevención sanitarias implementadas por la LIX Legislatura del Estado, el Fiscal General, Alejandro Echeverría Cornejo presentó el 5to Informe de Actividades, ante la mesa directiva de ese órgano.

Desde marzo de 2020, fecha en que inició el confinamiento por la Covid-19, la Fiscalía General mantuvo sus servicios vigentes y de manera ininterrumpida, implementando siempre las medidas sanitarias dictadas por las instituciones de salud estatal y federal, para dar cumplimiento a nuestro mandato constitucional y garantizar el derecho de acceso a la justicia. En el periodo que informa, se iniciaron 44 mil 571 carpetas de investigación. 

Para mantener nuestros servicios de manera continua, se emitieron 19 normas, que garantizaran la operatividad de la función esencial de procurar justicia. Además, se dotó de equipo de protección a todo el personal; se creó la Unidad Móvil para atender delitos en la UMA-1; así como un sistema de citas electrónicas para diversos servicios que ofrece la institución, entre ellos, el inicio de carpetas de investigación. Lo anterior, bajo el seguimiento permanente del Comité de Supervisión y Vigilancia de las Medidas para Atender la Emergencia Sanitaria. 

Ejercer con efectividad la función de investigar y perseguir el delito, es el objetivo planteado a través de la trilogía de investigación, que se colma con la operación profesional y especializada del personal ministerial, peritos y policías de investigación, para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. Por ello, se desahogaron 843 audiencias de procedimiento abreviado, se autorizaron 3 mil 868 acuerdos de justicia pronta y expedita; las y los fiscales tuvieron intervención en 2 mil 775 audiencias iniciales en las que se formuló imputación.

Además, se concedieron mil 334 órdenes de aprehensión y 460 órdenes de cateo, lo que permitió obtener datos de prueba que robustecieron las investigaciones, y la intervención científica y especializada de los Servicios Periciales y de la Policía de Investigación del Delito, materializando la trilogía de investigación con la obtención de 907 fallos condenatorios. La suma total de los conceptos relacionados con la reparación del daño a favor de las víctimas y ofendidos del delito es superior a los 157 millones de pesos, lo que representa un incremento de 66 por ciento respecto el año anterior.

El Fiscal General del Estado, indicó que es prioridad institucional el combate a la impunidad, por ello, se creó la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución en Delitos en Materia de Trata de Personas, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Electorales y la evolución a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Todas, dotadas con personal altamente capacitado en la materia y derechos humanos. 

La eficiencia en la investigación y esclarecimiento de los delitos de homicidio y feminicidio, se ha mantenido durante este periodo, al esclarecer el 74 por ciento y 82 por ciento, respectivamente. Llevando a las y los imputados ante la autoridad judicial. 

La investigación científica pericial ha tenido una evolución hacia la calidad que tienen impacto en resultados contundentes en el esclarecimiento de hechos delictivos, al haber emitido 47 mil 429 dictámenes, lo que implicó procesar 199 mil 231 indicios, que han contribuido para la resolución de carpetas de investigación. El personal de la policía investigación del delito atendió 38 mil 352 mandatos de autoridad, que derivan en datos de prueba para el esclarecimiento de hechos delictivos y la identificación de quienes probablemente los cometieron. En 992 domicilios se ejecutó la técnica de investigación de cateo, que derivó en el aseguramiento de indicios relacionados con conductas delictivas, así como la detención y puesta a disposición ante la autoridad de 533 probables partícipes.

Igualmente, bajo la conducción y mando de las fiscalas y fiscales, se dio cumplimiento a 804 órdenes de aprehensión otorgadas por la autoridad judicial y la detención oportuna de mil 469 probables partícipes, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de forma inmediata; y 128 a la Fiscalía General de la República, por estar relacionadas con delitos de su competencia.

Con una inversión de 222 millones 846 mil 525 pesos, se construyó el nuevo edificio de la Dirección de Servicios Periciales, en una superficie de 6 mil 331 metros cuadrados, el cual cuenta con instalaciones de primer nivel y equipamiento de vanguardia en el ámbito pericial, dando cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17025. En esta infraestructura se suman 4 especialidades periciales de nueva creación: identificación biométrica de voz, odontología, antropología y entomología, que nos posiciona como una de las fiscalías con mayor cobertura científica al albergar 23 especialidades.

La Fiscalía General de acuerdo a su naturaleza y bajo un enfoque de derechos humanos, se mantuvo atenta y vigente a todas las disposiciones, directrices y declaraciones emitidas por órganos protectores, quienes instaron la adopción e implementación de medidas que protejan los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad ante la pandemia que nos aqueja; por ello, se emitieron las “Directrices Institucionales Para Evitar Actos Discriminatorios”. Durante el periodo que se informa, se presentaron quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, equivalente al 0.28% de las carpetas de investigación iniciadas, el menor número presentado desde el año 2018 y que representa una disminución del 37 por ciento.

En el tema de profesionalización, Alejandro Echeverría señaló que el Servicio Profesional de Carrera se encuentra consolidado, al desarrollar 163 actividades académicas, con más 4 mil participaciones de personal ministerial, policial, pericial, del cuerpo directivo, auxiliares y de las áreas administrativas. Con una inversión total de 6 millones 332 mil pesos, provenientes de recursos federales y estatales. 

El reconocimiento de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Procuración de Justicia a nivel nacional, ha distinguido a la entidad por su modelo de operación, su nivel de coordinación y por la atención, resolución y seguimiento de 8 mil 229 colaboraciones, que fueron solicitadas por autoridades homologas para brindar apoyo mutuo en investigaciones, aprehensiones, reprehensiones, atención a víctimas, localización de personas, entre otras diversas, dando cumplimiento a las disposiciones normativas.

Al terminar su comparecencia, el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo reconoció el esfuerzo del personal que integra este organismo constitucional autónomo, por asumir los retos que esta pandemia nos ha presentado y tener la disposición para adaptarse a esta nueva realidad de trabajo. El compromiso sigue vigente y fortalecido, para el funcionamiento del sistema de seguridad en el estado; como órgano encargado de ejercer la procuración de justicia con autonomía, legalidad, objetividad e imparcialidad.

En la comparecencia ante la mesa directiva de la LIX Legislatura, estuvieron presentes el Diputado Gerardo Ángeles Herrera, el Diputado Ricardo Caballero González y la Diputada Verónica Hernández Flores. Además, de la presencia de Margarita Luna Téllez Girón, Vicefiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional; Humberto Pérez González, Vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito; Javier Arellano Sánchez, Vicefiscal de Investigación Científica y Policial.