El Sistema Penitenciario contará con un proyecto de formación especializada.
Queretaro Qro. 14 de marzo de 2021
En un ejercicio sin precedentes en la entidad, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro tendrá -antes de que concluya el primer semestre de 2021- un Instituto de Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria, el cual está a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) con una inversión superior a los 62.4 millones de pesos.
Este inmueble, es una iniciativa de la actual administración, que permitirá al Sistema Penitenciario responder a los servicios de justicia en el estado con personal calificado, atendiendo el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y alineándose al IV eje rector “Querétaro seguro”.
El inmueble tiene el objetivo de materializar el Modelo de Profesionalización a través de una formación especializada, de conocimientos, habilidades y aptitudes del cuerpo de seguridad y áreas técnicas, que les permita prever o resolver problemáticas concretas en el ejercicio de sus facultades legales.
El proyecto de infraestructura se encuentra en desarrollo, en el predio ubicado entre el CP3 Femenil de Querétaro y el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes (CIEMA), mismo que cumplirá con la finalidad de contar con la infraestructura necesaria para formar, capacitar y actualizar al personal adscrito al Sistema Penitenciario.
Contará con espacios adecuados para operar con un alto nivel de Formación Inicial y Continua, además que se contempla dentro de los espacios, un auditorio con capacidad para 120 personas, comedor con capacidad para 71 personas, áreas administrativas, zonas de estudio, dormitorios para mujeres y hombres con capacidad para 40 personas (cada uno) y tres aulas.
Con este edificio se robustece la infraestructura de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y se mantiene a la vanguardia como una institución ocupada en la formación y profesionalización de su personal de seguridad, en aras a continuar siendo referente nacional en el trato digno y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
