Gabriel Olvera Gutiérrez «El Gavilán» podría pasar diez años de prisión por actividades de corrupción.

Querétaro, QRO 02 septiembre del 2020.

Por José Luis Aragón Álvarez

• La sanción de prisión preventiva es un asunto Legal, no es político.
• Mario Calzada Mercado amparado para evitar pisar la Carcel.
• Por donde quiera que le rasquen a la administración municipal priista de Mario Calzada Mercado, todo huele a CORRUPCION.
• Ojala y se investigará al menos dos temas, de muchos que hay, y  que se presume tambien hubo corrupción, el cambio de lamparas o luminarias de todas las localidades y fraccionamientos, y el único viaje al extranjero que realizó  el ex edil, cuanto fue lo que se presupuesto y cuanto pagaron al final, si se habla con la verdad, se van a sorprender lo caro que salieron las lamparas y lo costosisimo que salió el viaje a Europa, una verguenza, segun todo a sobreprecio.

Vamonos al Tema del Gavilan:

Por las irregularidades presentadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), derivado de la revisión a la Cuenta Pública 2017 del municipio de El Marqués sobre el costo en la adquisición de un terreno que iba a ser habilitado como panteón, el exregidor del ayuntamiento de El Marqués, Gabriel Olvera “El Gavilán”, podría alcanzar una pena de entre 3 y 10 años de prisión

En la audiencia inicial de la detención del ex regidor Gabriel Olvera y dos personas más el Juez de Control dictó un plazo de dos meses de investigación complementaria y prisión preventiva, como medida cautelar, estos fueron vinculados a proceso por el delito de negociaciones ilícitas, esto por el posible acto corrupción en la compra de un terreno comprado a sobreprecio; la Fiscalía Anticorrupción, se advierte que la adquisición del terreno se realizó en 10 millones de pesos, cuyo beneficiario último de dicha cantidad, fue quien todavía se desempeñaba como servidor público, lo que implicaría un daño patrimonial tanto al municipio como a particulares.
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De acuerdo con el Código Penal del Estado de Querétaro a los servidores públicos que causen un perjuicio económico al particular o al servicio público se les aplicará una pena de prisión de 3 a 10 años, y de 300 a 750 días de multa, cuando el daño exceda 600 veces el salario mínimo.