ENIGMÁTICO Y PROBLEMÁTICO EL PROCESO PENAL DE LOZOYA
El enigmático asunto de Emilio Lozoya Austin. Retrotraigo el tema desde el despido de Santiago Nieto Castillo, cuando éste inició la investigación penal desde la FEPADE, por tratarse de presunto financiamiento ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto, dinero proveniente de la empresa brasileña Odebrecht, año 2012.
TRAS LA VERDAD
Viernes 24 de julio de 2020
Acto ilegal que se tipifica y sanciona electoral y penalmente. Los partidos pueden perder una elección por meter más dinero del permitido por el financiamiento público y privado, señala la materia electoral. Recordemos. El 20 de octubre de 2017, el gobierno de Peña Nieto, despide a Santiago Nieto por meterse en asuntos “delicados”. Entonces Nieto era protegido del PRD; ahora lo es del Presidente de la República. Para el 23 de ese mismo mes, pidió al Senado de la República, se pronunciara sobre su despido, no prosperó su queja. Luego Santiago Nieto denunció a Emilio Lozoya, por solicitarle que la FEPADE, lo exculpara del caso Odebrecht, motivo que fortaleció el despido, le notificaron que fue: por indiscreto. Dijo entonces el sub Procurador en funciones de Procurador. Desde entonces surgió la rencilla política por el maltrato que le dieron algunos priistas.
Dos años 9 meses han transcurrido desde aquel incidente que generó muchos problemas políticos; Santiago Nieto fue acogido y protegido de inmediato por Morena; quien hoy ostenta un fuerte poder bajo el cobijo de López Obrador, así lo ha confirmado este último. Mientras que Emilio Lozoya, cayó en desgracia, ya sin poder ni apoyos de políticos priistas que lo custodien; su único respaldo podría ser la ley. Su estado guarda una situación jurídica incierta, producto de la verborrea presidencial. Actualmente detenido en un cuarto de hospital a la espera de ser enjuiciado por varios delitos, inicialmente denunciado por el responsable de la FEPADE; además, le acumularon otros delitos. Las especulaciones políticas al por mayor. López ya lo enjuició como responsable y lo califica de “testigo protegido”; sin embargo, formalmente el juicio no ha empezado, el juez de control dio un plazo de 10 días para iniciar el procedimiento.
Veamos las confusiones que dolosa e intencionalmente provoca el Presidente de la República. Aseguró que Emilio Lozoya se encuentra en calidad de “testigo protegido” –figura que no existe en México-; en tanto el responsable de su custodia, Fiscal General, Alejandro Gertz, afirma que el detenido está en espera de ser enjuiciado por diversos delitos, por lo tanto, no es “testigo protegido”. En el Código Nacional Procesal Penal existen varias normas de protección a testigos cuando estos están en peligro; pero es inexistente la figura de “negociación” para alcanzar impunidad al denunciar a otros delincuentes y convertirse en “testigos protegidos”.
Andrés Manuel saca “raja política”. El titular del Poder Ejecutivo, quiere ir más allá. Políticamente le interesa saber quiénes de los actores de los sexenios de Calderón y Peña, están inmersos en delitos para poder exhibirlos, acusarlos y, por supuesto de ser posible meterlos a la cárcel, sería un triunfo de su parte; aunque nada dependa de él, exacciona y saca provecho para su causa. También va a la caza de más dinero. En el paquete de –especulaciones- “presuntos” figuran legisladores que entonces aprobaron, por medio del “moche” –dicen-, reformas constitucionales en materia energética, medios de comunicación se dan gusto relacionando nombres; olvidan que también hubo periodistas que recibieron su “bolsa de pan”. Amlo quiere exhibirlos como corruptos y colgarlos como premio. Hay nombres de uno que otro morenista.
Cualquier denuncia penal requiere de pruebas suficientes que hagan presunta la responsabilidad penal y la existencia del delito para poder actuar. Hasta hoy, López Obrador solo ha mediatizado la información que él ofrece en sus conferencias. Su gobierno ni acusa ni presenta pruebas, solo mediatiza políticamente el asunto. Aun no hay confesión de Lozoya Austin. Ahora que, dice la ley que la confesión no hace prueba plena. Es vital el asunto para la batalla político-electoral en puerta. Para Alejandro Gertz, Fiscal General, se trata de otro asunto penal, ha guardado prudente silencio en cumplimiento a la ley, a diferencia de las peroratas del titular del Poder Ejecutivo.
Los actores políticos, periodistas, analistas y medios de comunicación, son quienes han dado mayor importancia al tema político-electoral, mientras que el expediente penal lo soslayan. Nadie sabe qué pruebas inculpan a Lozoya, solo especulaciones, salvo aquellas que seguramente conoce Santiago Nieto, quien inició la carpeta de investigación; ignoran si serán suficientes no solo para enjuiciar, sino para condenar y lograr resarcir el daño al erario, ganancia económica que también espera obtener López. Le importa que denuncien a coparticipes de los delitos que le imputan a Lozoya, para ampliar su carpeta política-electoral.
Si lugar a dudas al Presidente le interesa que el asunto se prolongue, así obtiene mayores ventajas mediatizadoras, es perverso y excelente manipulador, sería otro de tantos argumentos para remarcar durante el proceso electoral, que inicia en septiembre próximo, aludir a la conducta corruptora de sus enemigos: los neoliberales. Sería bastante negativo para las pretensiones político-electorales de López Obrador, que resultaran inocentes aquellos que quiere ver refundidos en la cárcel. Por eso lo interesante y enigmático del asunto. Tema emblemático y enigmático para la campaña político-electoral del Presidente Andrés López Obrador, que inició desde el primer día en que arribó a la Presidencia de la República, esa es su costumbre y forma de vivir, más ahora que le pagan por ello. Andrés no quiere perder el control de la mayoría en la Cámara de Diputados, acabaría el abusivo poder que ejerce, por eso carece de límites, se desborda con la mayor facilidad, sabe que es impune e inmune a cualquier acusación, al menos por ahora.
Por último y para sorpresa de muchos. Es curioso que nadie aluda al juicio de amparo directo número 702/2018 –RCBA-, promovido por Emilio Ricardo Lozoya Austin, en contra de la FEPAFE, del ministerio público y de la Procuraduría General de la República. La juez de la causa Luz María Ortega Tlapa, dictó sentencia el 30 de noviembre de 2018 y ¿Qué creen estimados lectores? Lozoya ganó ese juicio, desde entonces la justicia de la Unión lo amparó y protegió, en contra de los actos de las autoridades; la jueza declaró la prescripción de los delitos que hubieran podido existir en relación con los millones de dólares que supuestamente entregó Odebrecht, para apoyar el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto; la protección del amparo es más amplia. Los perniciosos que sí lo saben, soslayan el asunto, por esa razón han enfocado sus baterías a nuevos objetivos, a los actos de corrupción por la aprobación de la reforma energética, de lo cual nunca habían hablado. En caso de existir pruebas de las nuevas acciones, la ley concede el derecho a la libertad bajo caución, en relación con los nuevos delitos. De tal manera, Emilio Lozoya no estaría en la cárcel, apenas en el juzgado, depositaría su fianza y se iría a su casa. Pero, como Andrés Manuel ha presionado a Emilio con meter a la cárcel a su familia, todo indica que este ha preferido colaborar con el gobierno, evidenciando a políticos neoliberales y ofrecerlo como regalo en bandeja de plata. Otros juicios de amparo en camino. Veremos que opina Alejandro Gertz Manero y qué acciones legales promueve en contra de quien representa el símbolo de la corrupción neoliberal para Amlo. Adiós a los millones de dólares de Odebrecht, el delito prescribió.
Héctor Parra Rodríguez
